Combo feroz. Chubut con cuarentena y recesión, sin pago de sueldos ni planes de asistencia, por Marcelo García

A la crisis sistémica que Chubut viene sufriendo desde hace más de dos años y medio ahora se suma el agravamiento generado por el Coronavirus y la baja del precio del petróleo. El gobierno de Mariano Arcioni carece de plan económico y social para enfrentar la crisis que se incrementa cada semana. A casi cinco meses desde que asumió y treinta desde que suplantó al fallecido Mario Das Neves -se cumplieron el pasado 1° de Mayo- no exhibe estrategia alguna para afrontar los problemas actuales y menos aún para enfrentar los duros momentos que se avecinan. Entre el 30% y el 50% del conjunto de población chubutense es altamente vulnerable a esta cíclica crisis provincial.

Los cuatro casos confirmados de COVID-19 encienden las primeras alarmas. La posibilidad de contagio comunitario preanuncia una difícil situación sanitaria, mientras que una potencial flexibilización de la cuarentena podría traducirse primero en desesperación y conducir luego a un desborde social de los trabajadores estatales, los jubilados y los sectores más empobrecidos.

En Chubut nada parece tener solución si se repiten las mismas conductas de parte del gobierno. El proceso de crisis provincial se ahonda día a día y los datos indican que desde el gobierno no se está trabajando para contener racionalmente -con asistencia y contención dirigida a distintos sectores- a lo que ya se vislumbra como una explosión social que puede poner en jaque el esquema político imperante.

La fiebre y la peor semana de cuarentena

Posiblemente la que pasó haya sido la peor semana para la gestión de Arcioni desde inicio de la cuarentena. La fiebre social fue subiendo y las restricciones de circulación volaron por los aires con algunas protestas que enfrentaron la cuarentena; como en el caso de los textiles, comerciantes y sanitarios.

A la confirmación de los cuatro casos de Coronavirus, dos en Comodoro Rivadavia y dos nuevos en Trelew -donde se investiga si el primero pudo haber surgido de circulación comunitaria, ya que no se trata de un viajero- se le sumaron las movilizaciones con barbijos.

Primero fueron los empleados públicos de la Salud que, en varios hospitales, reclamaron a fines de abril los salarios de marzo. Después salieron cientos de obreros textiles que en Trelew rechazaron el recorte salarial del 50%. Luego le tocó el turno a los comerciantes de Rawson y Trelew, que exigieron la apertura de los negocios. Finalmente estalló en Puerto Madryn el conflicto con el sector empresario de la pesca y los parques eólicos que se negaron a pagar más impuestos para solventar los gastos de la pandemia.

En ese panorama Arcioni se enteró de que afronta un rechazo social del 76% entre los chubutenses. Su imagen retrocede a pasos agigantados y desentona con el acompañamiento que en general tienen los políticos en funciones del resto del país.

No hay que perder de vista que viene de un revés judicial con la presentación de tres hábeas corpus por los métodos desencajados que su ministro de Seguridad, Federico Massoni, venía aplicando en la provincia. A esos recursos se le suman las más de 30 denuncias por abusos policiales que se investigan en la Fiscalía provincial.

El posible respirador de la deuda

Con esta perspectiva tan poco alentadora en materia social y económica -en paralelo se están derrumbando los ingresos por regalías petroleras, los fondos coparticipables de Nación y los generados por los tributos provinciales- Arcioni recibió un primer acompañamiento nacional para encausar la renegociación de la deuda.

El ministro Martín Guzmán y su par provincial Oscar Antonena habrían fijado el 22 de mayo como fecha tope para que Chubut haga un ofrecimiento a los tenedores de bonos en dólares de Chubut. Después se verá si se logra convocar a una asamblea de bonistas que con el 75% de aprobación permita patear para adelante los vencimientos de la deuda.

La última semana del mes que se inicia sería el punto límite para la renegociación nacional de la deuda con el Fondo Monetario Nacional (FMI) y los tenedores privados, por lo que Chubut quedaría atada dos escenarios posibles.

Si los bonistas internacionales rechazan la oferta argentina el país caería en default y eso arrastraría a la casi totalidad de las provincias a la cesación de pagos. Chubut tiene el problema adicional de que «cedió» las regalías para el pago de la deuda, por lo que se tendrían que encontrar mecanismos alternativos para frenar el drenaje de esos fondos para los vencimientos.

Esa perspectiva es la más complicada para la provincia por la cesión de las regalías, en especial las vinculadas al bono denominado BOCADE (PUY26) por el que Chubut debe abonar en lo que resta de este año 52 millones de dólares. Entre mayo y diciembre se deberán pagar en total 82 millones de dólares por la deuda.

Desde hace dos semanas el peronismo provincial, encolumnado con el Frente de Todos, arrincona a Arcioni exigiendo la suspensión del pago de la deuda mientras dure la pandemia y le embarra la cancha a un gobierno que ni siquiera sabe cómo avanzar con la renegociación.

Por eso el propio Antonena les advirtió que el proyecto presentado podía gatillar la cláusula que los bonistas tienen a su favor para reclamar el pago de la totalidad de la deuda, que hasta el 2026 suma 880 millones de dólares.

La otra posibilidad es que el Gobierno nacional consiga el acompañamiento de los bonistas, se modifiquen los plazos de pago y se reduzcan los intereses; esa perspectiva podría obligar a los tenedores de deuda chubutense a seguir el mismo camino y descomprimir en parte el ahogo financiero, aunque aún no se saben los alcances de la oferta provincial en cuanto a plazos ni a quita de capital o intereses.

Cuántos son los chubutenses en crisis

Chubut ronda los 619 mil habitantes según las proyecciones de la Secretaría de Estadísticas y Censos provincial. De ese total cerca del 30% estaría atravesando una profunda crisis, pero posiblemente sus alcances se extiendan a no menos del 50%.

Eso implica que entre 200 mil y 300 mil personas se estarían sumergiendo en la crisis nueva y antigua, social y económica.

La descomposición de los números lleva a contemplar a los 41 mil empleados estatales y los cerca de 19 mil jubilados dependientes del Estado que no cobran sus sueldos en tiempo y forma; lógicamente junto a sus familias.

Los que pudieron retirar por cajeros esta semana sus sueldos fueron los activos y pasivos del primer rango, junto a los trabajadores de la Salud. Todos los demás siguen esperando por sus ingresos mientras sufren una inflación interanual que en la Patagonia no baja del 49% y les pulveriza con intereses el poder adquisitivo.

Para muestra alcanza un botón, y desde el propio gremio docente se afirmó que al 2 de mayo el 87% de los trabajadores de la educación no percibió sus salarios correspondientes a marzo; pero evitando el desborde Santiago Goodman advirtió que «el camino en este momento no es la movilización».

Junto a los estatales se suman 118 mil pobres chubutenses relevados por el INDEC a finales de 2019 y otros 20 mil desocupados y subempleados. Pero no son los únicos que la pasan mal. Entre las víctimas hay que considerar a 20 mil trabajadores en negro en Comodoro Rivadavia y casi 19 mil localizados en Trelew y Rawson que no tienen un empleo con aportes jubilatorios.

Todo ese grupo de vulnerables -sumando estatales, jubilados, desocupados y trabajadores en negro; muchos de ellos superpuestos en las diferentes categorías- representa más 200 mil personas en la provincia de Chubut. Representan alrededor del 30% de toda la población provincial.

Esos datos estadísticos seguramente son insuficientes frente el avance del Coronavirus y los impactos económicos de la cuarentena. No es exagerado asumir que cerca de 300 mil chubutenses -el 50% de la población- atraviesa algún tipo de vulnerabilidad económica y social hoy en día.

Los despidos posiblemente hayan engrosado la lista de la desocupación y los recortes salariales acordados por los empresarios y las cúpulas sindicales hayan llevado acercado al vacío de la pobreza a miles de chubutenses. La Canasta Básica Total -para un grupo familiar de dos adultos y dos chicos- asciende en Comodoro a los 60 mil pesos mensuales.

Considerando esos datos, la mitad de la población provincial se encuentra de una u otra manera en emergencia social y económica, sin red de contención estatal y con la desesperación aumentando por falta de perspectiva.

Estallido en el horizonte

El Estado que comanda Arcioni no llega con la asistencia necesaria a miles de chubutenses. Tampoco lo hace para respaldar a los trabajadores de la sanidad que afrontarán el Coronavirus, y la perspectiva es que siga sin protegerlos. Ni siquiera lo hará renegociando o dejando de pagar la deuda en dólares. No hay plan de contingencia, económico y social, para los miles de vulnerables.

La precariedad se apropia día a día de la subsistencia de un pueblo rico en recursos naturales que vive como pobre, que está abrumado por la realidad y perseguido por el poder político para que cumpla la cuarentena plagada de abusos policiales.

Cuánto tiempo puede durar este frágil equilibrio es una incógnita que se dilucida diariamente, pero las condiciones objetivas para un estallido están dadas.

(publicado en https://www.elextremosur.com, 3 de mayo de 2020)

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