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La Columna Vertebral

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La Columna Vertebral

Opinión

La plata o la vida, por Alvaro Hilario, desde Portugalete, País Vasco.

Me cuesta saber cuánto tiempo llevamos bajo arresto domiciliario sin
mirar el calendario, sumergido como estoy en una rutina de compras, ollas
y lavarropas que se hace más rutina y más difusa por la acumulación de
feriados católicos y la suspensión –a veces- de las actividades económicas no esenciales que, en el País Vasco, para mi desgracia, parece reducirse solo al rubro de bares y borracherías. De hecho, ayer, martes, 14 de abril, se reanudó la actividad económica en el País Vasco y en siete comunidades autónomas más que tuvieron feriado este lunes de Pascua. Para consuelo de los trabajadores, se reparten barbijos en subtes y terminales de bondis y colectivos, no vayamos a pensar que entre plata y salud nuestras autoridades han optado, cediendo a las presiones del empresariado, por la primera.

Los que peor la pasan
Niñas y niños, mientras tanto, llevan más de un mes encerrados. Su
pequeña gran imaginación parece suplir cualquier falencia. Más difícil es,
sin embargo, la situación de la adolescencia, franja poblacional consciente
y sin derechos que la está pasando mal. Muy mal.
Milicos y cana sin barbijo, cámaras de TV entrando en los hospitales,
perros paseando, pero nuestra pequeña gente, a diferencia de lo que
sucede en los estados vecinos de este nuestro occidente libre, no goza ni
de una hora de paseo.
Amén de víctimas de un arresto inhumano, infancia y juventud están
siendo estigmatizadas como vector de contagio y demás paparruchas que
nadie ha probado. El estado también echa mano de los bulos.
Varios presidentes de comunidades autónomas (CCAA), las comunidades
educativas y de psicología piden aflojar la mano para esta gente que está
teniendo serios problemas de ansiedad, estrés, obesidad y somatizaciones
diversas. El mundo de la psicología exige que los menores de 6 años salgan
ya y que toda la infancia sea la primera en pisar la calle cuando empiece a
levantarse el arresto domiciliario.
El Gobierno español, mientras tanto, escurre el bulto. Inquirido al respecto
por la prensa este pasado lunes, 13 de abril, el ministro de Sanidad,

Salvador Illa, respondió: “Vamos a actuar con máxima cautela. Cuando
creamos que se dan las condiciones de seguridad en base a los datos, para
tomar esta decisión, la tomaremos y la daremos a conocer. Por ahora
siendo conscientes del sacrificio, hay que mantener esta medida”.
Al hilo de estas jóvenes generaciones, señalar que el Ministerio de
Educación –otro que lleva dos meses en el terreno de los expedientes X-
anunció hoy que acordó conceder aprobado general: esto es,
salvo excepciones, todos el alumnado pasará de curso, aunque no con las
mismas calificaciones.
El tercer y último trimestre se da por perdido. Impartir materias online es
tarea de titanes cuando no labor imposible: un 20% del alumnado de todo
el Estado español carece de acceso a internet; no se sabe cuántos pibes
están sin realizar las tareas por carecer de computadora propia … Por no
hablar de que pocos hogares gozarán de 4 o 5 compus o tabletas.
La crisis, ya decíamos, es clasista.
Le damos duro al futuro y con un caño a nuestra gente grande que, a
miles, fallece en esos morideros llamados “residencias” de modo
eufemístico, morideros a los que los recortes presupuestarios de la última
década han dejado en banda. Gente grande que sufrió la guerra de 1936, la
dictadura nacional-católica de Franco. Gente grande que lleva más de un
año de lucha en defensa del sistema público de pensiones.
Gran parte de esta gente lleva también más de un mes sin ver la calle, sin
contacto físico y con la TV y el teléfono como únicos vínculos con el
mundo exterior.
Hace pocos días, en la cola del pan, una anciana relataba, amargamente,
que su hijo le deja las viandas en la puerta de la casa, embozado, provisto
de guantes, y desaparece.
Hace un mes que no toco a mi vieja, pero después de manejar 10
kilómetros por rutas con abundancia de camiones entro las compras hasta
la cocina. No se queja, no exige, no pide. Es dura. Escolarizada en un
colegio de monjas donde el cupo de pobres que les correspondía y al que
mi vieja pertenecía era colocada en el coro, en la parte superior e invisible
de la iglesia, durante las misas, a los 10 años ya trabajaba para ayudar a la
familia que se cagaba de hambre en la infame postguerra de los que
siempre pierden. No se queja, pero sus ojos están tristes. ¡Qué pensará!
90 pirulos.
Y qué pasará por la cabeza de la población reclusa española, entre 50.000
y 60.000 personas sometidos de siempre a una política penitenciaria que

César Manzanos, presidente de Salhaketa (Asociación pro derechos de los presos sociales) califica de “carcelicidio”. La pandemia ha acentuado más si cabe el habitual secretismo respecto a la cárcel, la atención médico-sanitaria y las precarias condiciones higiénicas. Es por eso que Salhaketa y otras 65 organizaciones demandan a las autoridades la adopción inmediata de una serie de medidas urgentes: el refuerzo inmediato del personal sanitario en los centros penitenciarios, que en caso de dar positivo en la prueba, la persona afectada cumpla el aislamiento en una instalación médica y no en una celda, y medidas especiales de control para funcionarios y trabajadores. Exigen también que la Administración mantenga informadas a las familias sobre el estado de salud de sus familiares en prisión. Además, han solicitado la excarcelación de las personas presas en situación de riesgo, como mayores de 70 y las enfermas, y la de aquellas que estén preventivas o que tengan condenas de corta duración. “La excarcelación tiene que ver con un tema muy sencillo”, dice César, “las prisiones están por encima de su capacidad, por eso el riesgo de infección es altísimo”. Opina que la respuesta del Estado llegará cuando la situación “se les vaya de las manos”, y probablemente será tarde.


Desinformación y propaganda
Se apacigua la efervescencia insurgente de los primeros días. El sistema se
recompone de sus momentos de zozobra y se vale de la sobreabundancia
de información y de una rígida agenda para adormecer conciencias y
seguir vendiendo el militarizado mensaje de unidad nacional.
La máquina de propaganda y desinformación está en marcha aprovechando este distanciamiento físico impuesto que dificulta lo
colectivo en una sociedad que ya era muy individualista e incapaz de
reconocerse como clase.
Nos saturan de programas sobre el covid 19, inundándonos de datos, de
polémicas sobre barbijos y respiradores, de historias humanas, humanas
hasta lo empalagoso. La patria unida contra el virus. Una patria heroica,
unidad de destino en lo universal, heredera de aquella patria ibérica y
eterna de Numancia y Sagunto que resistió al invasor romano. Ya
imaginan ustedes: esos mitos tan útiles a la hora de construir una
identidad nacional.
Héroes y heroínas de toda clase. Policías en el balcón. Melodía pop,
adoptada de modo espontáneo tanto para una telenovela argenta como
para una película de Almodóvar o para himno de la ciudadanía resistente.

Y esas ruedas de prensa del Comité de Gestión Técnica de la crisis,
plagadas de uniformes, de cana y de milicos.


La plata o la vida
En la pelea entre salud y economía, acá también se impuso la economía.
No sé si el arresto domiciliario y el distanciamiento físico son la solución,
pero si así lo determinan las autoridades debería ser cumplido en toda
circunstancia.
Es difícil no acordarse de la masacre de Bérgamo, donde la industria siguió
funcionando por presiones empresariales y este marzo la zona registra un
400% más de muertes que el mismo mes de 2019.
Es difícil no acordarse de todo el mercado laboral en negro español; de la
mano de obra precaria; de los contratos chatarra; de toda la gente que
vive al día y, en estos momentos, no levanta un mango; de los 6 millones
de personas en desempleo. De esas insuficientes ayudas al desempleo
ahora generado que, además, no se materializan aún.
A pesar del ejemplo italiano y de la oposición sindical, después de los
feriados de semana santa, este lunes y martes se reemprendió la actividad
laboral en todo el Estado. Aunque todas las partes implicadas lo niegan,
parece ser que las organizaciones empresariales han presionado al
gobierno de coalición de PSOE-Unidas Podemos a tomar dicha medida.
Parece que el Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha ejercido de correa de
transmisión de la patronal vasca -CONFEBASK, ligada a la producción
industrial- a la hora de transmitir esas presiones a Madrid. No hay que
olvidar que fue el Gobierno vasco, liderado por el PNV (como casi todas las
instituciones vascas), el que de modo más enérgico crítico el parón
económico-laboral. En esta ocasión parece que ha jugado con sus 6
diputados, pocos pero indispensables para un Gobierno de frágil mayoría
parlamentaria y que los necesita para sacar adelante los presupuestos
generales del Estado, amén de toda medida relacionada con la crisis
actual.
En una crisis generada por una emergencia sanitaria mundial es difícil
encontrar responsables y ponerles cara, algo habitual desde que la
globalización se hizo tan implacable, pero, es innegable, hay quienes
empiezan a hacerse notar, a hacerse antipáticos. El presidente vasco, Iñigo
Urkullu y su consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras,
Arantxa Tapia, encendidos defensores del laburo a cualquier precio, son
dos.

Comercio, Turismo, Hostelería, Cultura son algunos de los rubros más
vapuleados y que más negras perspectivas de recuperación tienen al estar
encerrada su clientela nativa y foránea. Son también sectores muy
precarizados que están dejando en la banquina a cientos de miles de
personas que ya venían con una realidad económica muy cascoteada.
Pero, obvio, ya lo dijimos en alguna otra nota, hay otros rubros, otras
empresas que no paran de hacer caja. Para saber cuáles son no hay más
que ver y escuchar las propagandas en radio y TV: aseguradoras, grandes
cadenas de alimentación, eléctricas, seguridad privada, operadores de
telefonía e internet, plataformas de contenidos digitales, empresas de
juego online y bancos.
Todas las propagandas están cortadas por el mismo patrón: ofrecen sus
servicios (a los que debemos recurrir sí o sí) como quien hiciera un favor a
la vez que edulcoran su voracidad aconsejándonos a quedarnos en la casa
(como si hubiera otra opción) y dedicando unos segundos a reconocer la
labor de la nómina de héroes y heroínas que ya incluye hasta a los pibes
haciendo las tareas escolares y a quien al cocinar solo hace lo justo para
una persona. Todo el mundo es mercado, claro.
Dolorosas son, en especial, las propagandas de la banca que, por las
dudas, no hace amago de devolver los 63.000 millones de euros de guita
pública del rescate.
Esa habilidad de parecer que se da en vez de pedir, diríamos.
Para muestra, un botón: el 26 de marzo, el diario “El País” publicó una
nota titulada “BBVA, Iberdrola, Inditex, Santander y Telefónica donan 150
millones a la sanidad pública para material médico”. Decir, en primer
lugar, que Santander y BBVA son, desde 2014, parte del accionariado del
diario madrileño. Por su parte, el BBVA (por traer acá a una de las
empresas de la nota), que tenía en 2012 33 sociedades en paraísos fiscales
e invierte anualmente 2.700 millones de euros en la industria
armamentística, ganó 23.201 millones de euros netos en los años más
jodidos de la crisis (2008-2014).
De Inditex, Zara, y Amancio Ortega ya hablamos. (continuará…)

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Opinión

«No alcanza con la formalidad de la protesta», por Héctor Amichetti

A falta de documentos orgánicos de análisis de la realidad y de directivas centralizadas para la acción, tal como ocurría en aquellos años en que nos llegaban en forma clandestina desde Madrid, cuando el Movimiento tenía conducción, voy a alimentar la práctica de muchos compañeros y compañeras que militan incansablemente, que enfrentan en las calles las políticas destructivas del actual gobierno y descargan por escrito algunas de sus inquietudes reflexionando acerca de cómo salir de esta encrucijada.

Hace algunas horas marchamos –una vez más- con un grupo de trabajadoras y trabajadores gráficos encolumnados bajo la bandera de nuestra Federación Gráfica Bonaerense hasta el Ministerio de Producción, la convocatoria fue de la CGT y la consigna: “Las Malvinas son Argentina y la Industria Nacional también”.

Si tomamos como referencia los duros datos de la realidad, esta movilización debería haber sido multitudinaria, desde que asumió el gobierno de Milei cerraron más de 30 mil empresas y se perdieron más de 460.000 puestos de trabajo, sin embargo, la foto de la concentración desnuda la característica formal que han adquirido desde hace algún tiempo las movilizaciones callejeras convocadas por las centrales obreras, presencia de mucho activismo militante, una dirigencia con mensaje de poco alcance, a la que por falta de un sonido amplificado, solo escuchan los que están más cerca y, de vez en cuando, algún oportunista que se suma como invitado para la foto aunque poco tenga que ver con las luchas que cotidianamente llevan adelante quienes sufren el cierre de sus fábricas y la incertidumbre de sus familias.

La cuestión es que se ha debilitado significativamente la conexión imprescindible y estratégica entre en las demandas de las bases y las decisiones de la estructura sindical creada para unificarlas y canalizarlas y, lo que es aún más preocupante, entre los sindicatos y el sector de la clase trabajadora que permanece en la informalidad, sin organización que los agrupe masivamente y defienda los derechos que tienen aunque no le son reconocidos.

SIN PROGRAMA NO HAY GUIA PARA LA ACCION

Lo más destacable de la valiosa historia de lucha de la clase trabajadora argentina desde el golpe militar de septiembre de 1955, acontecimiento que interrumpió su protagonismo esencial en la realización de un Proyecto Nacional basado en la producción, el trabajo digno y la reafirmación de la soberanía, es que superando la proscripción y las persecuciones, la estrategia de resistencia tuvo como eje la unidad en torno a un Programa que definía claramente las reivindicaciones  sociales, políticas y económicas, junto a las estrictamente laborales, y delineaba un plan de acción orientado a derrotar el proyecto enemigo.

La Falda en 1957, Huerta Grande en el ’62, CGT de los Argentinos en el ’68… paros, sabotajes, plan de lucha con toma de fábricas, huelgas generales, Cordobazo e infinidad de puebladas, marcaron el camino que frustró las ambiciones dictatoriales, desbarató los planes liberales e hizo posible la recuperación de la democracia y el retorno de Perón a su patria.

Hoy, aún reconociendo un escenario distinto, esta concepción a la que llamamos Sindicalismo de Liberación, está ausente, no hay postura clara y contundente del movimiento obrero organizado con respecto al endeudamiento externo  como lo señalábamos, más cerca en el tiempo, en aquel programa de 26 puntos de la CGT que conducía el recordado Saúl Ubaldini, es más, no se sabe muy bien que transmiten en nombre de la clase trabajadora los dirigentes de nuestra CGT cuando se reúnen con funcionarios del FMI. ¿Cuál es nuestra postura en relación con el sistema financiero y el comercio exterior?, o con respecto al control estatal en áreas claves y planificación de la economía.

No hay una definición contundente con respecto al alineamiento que nuestro país debería tener en el ámbito internacional, ni un claro rechazo ante la Embajada de los Estados Unidos frente al plan de apropiación de recursos por parte de las multinacionales y sometimiento de nuestro territorio a su doctrina de dominación.

SUPERAR LA CRISIS

En estos tiempos de desembozado intervencionismo imperial con capacidad para intervenir en una elección para salvar a un presidente afín o secuestrar en un operativo relámpago a otro porque no se disciplina a sus planes, se le  impone al movimiento obrero organizado el desafío de recuperar una organización sindical con sentido de poder, voluntad de representar a la totalidad de la clase trabajadora y de liderar un gran frente patriótico, si ello no ocurre será muy difícil rescatar a la política de la profunda crisis que enfrenta, agotada en inexplicables tensiones, condicionada por injustas proscripciones y atrapada en una visión estrictamente electoralista que pareciera no comprender los límites que el sistema neoliberal la ha puesto a una democracia que apenas si respeta el derecho al voto.

Como en otros momentos de nuestra interminable historia de resistencias, lo que no surja desde las tradicionales superestructuras sindicales, habrá de venir de esa organización que se construye y crece ineludiblemente desde abajo mismo de la comunidad con la maravillosa creatividad de quienes en cada batalla por lo esencial están disputando, de manera consciente o no, un pedazo del poder popular que pretende ser definitivamente arrebatado por otro que actúa abiertamente por fuera de cualquier regla democrática.

(publicación original en radiografica.com.ar / 11 de octubre de 2026)

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Destacada

El Latinobarómetro y sus trampas, por María Urruzola

Montevideo, 10 de octubre de 2026
Desde hace varios días aparecieron referencias en los medios uruguayos -y en boca de varios dirigentes políticos- a la encuesta del año 2026 del «Latinobarómetro», una organización privada de origen chileno que monitorea desde hace 30 años el “estado de opinión” en 18 países de América Latina.
El mismo Sanguinetti se refirió a la edición de este año del ‘Latinobarómetro’, porque el tema, al parecer, sería “la democracia”. Digo «al parecer sería» porque en realidad el tema real es la “democracia liberal”. No cualquier otra versión posible de la democracia, sino la liberal.
Es decir, un sistema que se basa en las garantías “políticas” de ejercicio de la ciudadanía (elecciones libres, libertades políticas, pluralismo, separación de poderes, igualdad ante la ley, economía de mercado y propiedad privada, básicamente), y no a otras versiones de la democracia, como la social, que básicamente se diferencia por darle a la equidad, la justicia social, el bienestar y la intervención del Estado en el mercado, igual relevancia que a las garantías políticas.
El tema es que el informe del Latinobarómetro empieza hablando de la “democracia liberal”, pero después pierde el apellido por el camino y sigue hablando de “la democracia”. Y entonces ahí, aparece el descontento con “la democracia”, el apoyo en El Salvador al sistema Bukele (que viola los derechos humanos de la A a la Z), la cantidad de uruguayos que cada vez creen menos en “la democracia”… así son las preguntas (“usted cree que la democracia es preferible a cualquier otro sistema de gobierno”?, “un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático”).
No importa que cada vez que en Latinoamérica nos ponen un ejemplo de “buen desempeño” en lo educativo sea una democracia social (Finlandia); no importa que las referencias en garantías laborales y en productividad sean democracias sociales (Alemania, Austria); o que los sistemas de cuidado que tanto se admiran también vengan de democracias sociales (Suecia, Dinamarca).
Quizás si tuviesen la honestidad de preguntar por la democracia liberal y la democracia social, la gente se enteraría que hay más de una versión posible, dentro del capitalismo, sin duda, pero con efectos totalmente diferentes en la vida cotidiana. Claro, habría que explicar las diferencias. Quizás entonces la gente entendería por qué la sociedad española se levantó en masas por el derecho a la vivienda, o incluso le resultaría más claro el levantamiento ciudadano en Albania en contra del yerno de Trump y la defensa del medioambiente.
Alguien podrá decir que en Uruguay no hay plata suficiente para hacer una democracia social, o que en Latam no la hay. Pero ahí entraríamos en el capítulo “desigualdad”, ya que somos el continente más desigual del mundo: el 10% más acaudalado acumula el 77% de la riqueza total.
Nada… se puede leer en internet el informe 2026 del Latinobarómetro. Tiene otras trampas conceptuales, pero mejor que cada quien lo lea con su “matriz” de comprensión.
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Destacada

AYSA: Negocio cerrado, derechos congelados, por Javier Touzón

Con la adjudicación del paquete accionario mayoritario, la red de agua y saneamiento del AMBA queda en manos privadas ¿Qué cambia para los usuarios y qué pasa con el histórico reclamo de agua potable en la periferia?

8 de octubre de 2026 — La escena se repite como un déjà vu trágico para la historia argentina. En los despachos del Ministerio de Economía, entre planillas de cálculo y discursos que celebran la lógica del mercado, se dio un paso decisivo para la privatización de AySA. Con la apertura de las ofertas económicas de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 504/2-0003-LPU26, el Gobierno nacional avanza en la entrega del 90% de las acciones de la compañía a manos privadas, dejando apenas un 10% para los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada.

Entre las ofertas presentadas para asumir el rol de «operador estratégico», el Consorcio Rowing (integrado por Rowing S.A., Arcos, Transclor, PHX, entre otros) ofertó USD 340.200.000, mientras que el Consorcio Roggio Roas S.A.U. presentó un monto de USD 285.000.000.

La peor noticia en tiempos de riesgo hídrico

Las tormenta anunciadas por el fenómeno del Niño empeoran la situación en la barriadas populares y podría profundizar la falta de agua potable que padecen los asentamientos del país:  4.000 de los 6.467 barrios populares de Argentina están expuestos al riesgo hídrico. Quienes no solo se verán sometidos a una estructural carencia de agua para vivir sino a posibles inundaciones por falta de servicios de desagüe y cloacas que empeorarán el impacto de las tormentas.

Sin ir más lejos, hoy mismo, jueves 8 de octubre se anuncia  posible falta de agua en distintos puntos de la zona oeste debido a una nueva inspección de Ríos Subterráneos en el Norte y Oeste del AMBA que se estará realizando durante la noche. Según informaron desde la empresa, la inspección de los tramos San Martín – Saavedra y Barrancas – Devoto se llevará a cabo para evaluar la situación estructural del río subterráneo. Después de un diluvio que azoto la región de AMBA, quizás no sea el mejor momento para tareas de infraestructura. Mientras empresarios y funcionarios festejan, los habitantes tratarán de sobrevivir en forma comunitaria a una situación insostenible.

La falacia del «costo cero» y el negocio del agua

Fiel al libreto oficial, el comunicado con el que la cartera de Economía festejó el avance de la licitación recurre a la estigmatización de la gestión pública. Calificando a AySA como un «modelo de disfunción administrativa», el Ejecutivo justifica el remate señalando los USD 13.400 millones recibidos en transferencias entre 2006 y 2023. Sin embargo, omiten deliberadamente que la extensión de redes de agua potable y cloacas en los barrios más postergados del Conurbano Bonaerense nunca fue ni será un negocio rentable para el capital privado, sino una obligación social e indispensable del Estado.

El nuevo esquema impone obligaciones de inversión al privado por más de USD 2.000 millones y un Plan de Acción contractual de $2,89 billones para el quinquenio 2027-2031. No obstante, la experiencia histórica en el país enseña que las metas de expansión en manos de concesionarios privados suelen quedar subordinadas a la rentabilidad financiera y al ajuste tarifario. Cuando los números no cierran para las empresas, los platos rotos los pagan los usuarios con tarifas impagables o con la suspensión de obras esenciales en la periferia.

Los trabajadores y las mayorías, los olvidados de siempre

El argumento de «cuidar los recursos de los pagadores de impuestos» encubre una retirada del Estado de su rol garante de derechos humanos fundamentales. El agua potable y el saneamiento no son mercancías sueltas en un mostrador de oferta y demanda; son condiciones esenciales para la salud pública, la dignidad y la vida.

Mientras las autoridades nacionales celebran que «la libertad y la Argentina avanzan» al ritmo de la enajenación del patrimonio público, los trabajadores del sector y las familias que aún esperan por una conexión de agua potable ven con incertidumbre cómo el acceso a un derecho primordial queda, una vez más, supeditado a la rentabilidad del mejor postor.

 

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