Soy médico desde 1971. Desarrollé toda mi vida profesional en el Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires y, desde hace casi 30 años ejerzo la Dirección Científica de Fundación Huésped. Antes de dedicarme a la infectología fui durante casi 10 años médico interno de terapia intensiva. Allí vi morir decenas de mujeres por complicaciones por abortos inseguros. El cuadro clínico característico es el llamado síndrome tricolor: blanco, por la anemia producida por la hemorragia incontrolable; amarillo por la ictericia -que significa que el hígado ha dejado de funcionar adecuadamente-, y azul, por la cianosis -cuando ya el organismo no puede sostener la adecuada oxigenación de la sangre. Las que tuvieron suerte salvaron su vida, pero muchas de ellas perdieron la posibilidad de ser madres en un futuro, ya que la extirpación del útero suele ser el recurso heroico para evitar la muerte.

A comienzos de los 80 mi carrera profesional se vio absolutamente trastocada con la aparición de los primeros casos de lo que después supimos era la epidemia del HIV/sida. Ambos temas, el HIV y el aborto, están vinculados a los derechos y a la sexualidad. Porque, finalmente, de eso se trata este debate: de qué nos pasa como sociedad cuando debemos discutir sobre la sexualidad y los derechos. Pero hoy aquí no estamos discutiendo sobre el aborto de manera abstracta o filosófica, sino sobre un proyecto de ley con media sanción de la Cámara de Diputados que garantiza el derecho de las mujeres y personas gestantes a interrumpir voluntariamente el embarazo hasta la semana 14 de gestación, y luego de ese plazo con las causales ya contempladas actualmente de acuerdo al Código Penal vigente y el Fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Cuando apareció el HIV, un virus que hizo visibilizar las diferentes formas de ejercer la sexualidad, a mi equipo se lo bautizó como “La Patota Rosa”. “Ahí vino un paciente tuyo”, me decían, como si el paciente no fuera del sistema de salud. Nos quemaron 400 historias clínicas, nos trataron de sacar del Hospital. No pudieron.El concepto de médico, etimológicamente, viene de cuidador. Cuando podés curar, curás. Cuando no, tratás de acompañar. Ciertas reacciones de colegas que veo en los medios “festejando” (entre comillas) que no van a realizar abortos si esta ley se aprueba, me recuerda la objeción de conciencia de hecho que muchos médicos practicaron con las personas HIV+ desde el comienzo de la epidemia. En ese caso, era claramente abandono de persona. Pero en la ley en debate sí se incluyó la posibilidad de la objeción de conciencia en el artículo 15. Claro que la objeción de conciencia no habilita a desentenderse del problema. Muy por el contrario, como médico genera la disyuntiva entre una obligación a cumplir versus la convicción moral o religiosa en sentido contrario. Pero la objeción de conciencia no habilita a juzgar a la mujer que se acerca al servicio de salud, ni a cercenar el derecho a acceder al aborto. Mirar para otro lado a una problemática que existió, existe y existirá, como es la decisión de la mujer de interrumpir un embarazo no deseado, es claramente ser parte del problema. 25 millones de abortos clandestinos en el mundo cada año es un dato que habla por sí solo.

Cuando una mujer decide interrumpir un embarazo queda solo una vida por proteger: la de la mujer. La diferencia es si lo hará en condiciones seguras o si la condenamos, por pobre y excluida, al síndrome tricolor y a la muerte. Una de las críticas que se le hacen al proyecto con media sanción es que se podría usar el aborto como método anticonceptivo. Además de esconder un profundo desprecio por las mujeres, esa afirmación es tremendamente falaz. Cuando el aborto sea ley las mujeres no solo accederán a una práctica más segura y cubierta por el sistema de salud: también podrán acceder en ese momento a métodos anticonceptivos que permitan evitar futuros embarazos no deseados. La opción no es entre educación sexual, métodos anticonceptivos o aborto. Se trata de un paquete de acceso a la salud y los derechos sexuales y reproductivos que debemos garantizar como política de salud pública. ¿Por qué el proyecto establece la voluntariedad hasta la semana 14? Como las 14 semanas se cuentan desde la fecha de la última menstruación, una mujer notará un posible embarazo recién a partir de la semana 4. Con lo cual el plazo previsto en la ley equivale como máximo al primer trimestre de embarazo. Si acortamos el plazo de la interrupción voluntaria, menos mujeres -fundamentalmente las más jóvenes y las más vulnerables (que son las que más tardíamente conocen su estado)-, van a poder acceder a la práctica. Cualquier barrera que interpongamos solo generará demoras, inequidad en el acceso, clandestinidad, complicaciones y muerte.

Además, señoras senadoras, señores senadores, seamos claros. Cuando una mujer decide interrumpir su embarazo, quiere hacerlo lo antes posible. En este sentido si no se establece –y se respeta- el límite de tiempo de 5 días para garantizar la práctica (como lo establece el artículo 11) nuevamente exponemos a las mujeres más vulnerables a que se cercene su derecho a la interrupción voluntaria. La reglamentación de la ley deberá especificar el circuito, así como los servicios dentro de los hospitales y clínicas que deberán brindar la práctica. Los 5 días son destinados, específicamente, a ofrecer consejería y asesoramiento, a iniciar el proceso y a recetar las pastillas. En los pocos casos que requieran una internación, se tratará claramente de una urgencia, y hoy los hospitales de sus provincias ya atienden a estas pacientes.

Otro punto que me gustaría remarcar es el de la falacia de la cuestión económica: no es cierto que no se podrán afrontar los costos ni que el sistema de salud no esté preparado. Sabemos que los costos que implica la atención de las complicaciones de los abortos clandestinos (sepsis, peritonitis, perforación de útero, sangrado) son altísimos. Requieren días de terapia intensiva y cirugías y, en la actualidad, esos costos ya son afrontados por los sistemas de salud provinciales. Nadie abandona a su suerte a una víctima del aborto clandestino. La demanda de costos para implementar la ley (las pastillas para el aborto medicamentoso, la AMEU) es mucho menor que los costos actuales evitando además las penosas complicaciones y la muerte prematura.

Señoras senadoras, señores senadores, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo no obliga a nadie a abortar: garantiza hacerlo en un contexto seguro. Nadie defiende más la vida que quienes pugnamos por el aborto legal, seguro y gratuito. No promovemos el aborto, promovemos su legalización para que no sigan sufriendo y muriendo las mujeres más desposeídas.El Estado tiene el deber de garantizar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos para todos los habitantes de nuestro país, de considerar todas las realidades en un contexto de equidad, asegurando las mejores condiciones para que el acceso a la salud se lleve a cabo en forma equitativa y en un entorno seguro.Hoy el Honorable Senado de la Nación tiene una oportunidad histórica: ser responsable de mantener esta injusta y trágica situación o ser parte de la solución.

Que sea ley.

(Exposición del Dr. Pedro Cahn, director científico de la Fundación Huésped, en el debate por la ley IVE en el Senado, 2019)