La foto que ilustra esta nota no es un documento oficial pero su valor testimonial refleja cómo se van armando las listas de detenidos en momentos urgentes de represión. Mensajes que van por las redes. Incertidumbre, angustia. Y un anotador a mano. “Acabo de ser allanada violentamente en mi domicilio. Seguramente a muchos de nosotros nos está pasando esto. Revolvieron todo. Lamentable”, publicó en sus redes sociales Graciela Chayle, integrante de la asamblea y encendió la alarma.

En efecto, no era la única. La policía provincial empezaba una cacería contra miembros de la Asamblea El Algarrobo gracias a una orden de detención de 25 personas ordenada por la fiscal subrogante de Andalgalá, Soledad Rodríguez, tras las movilizaciones del sábado y el incendio de la oficina de la minera propiedad de las multinacionales Yamana Gold,Glencore y Newmont. En el momento de escribir ésta nota ya era siete los detenidos, entre ellos, el fotógrafo y periodista Walter Mansilla.

La marcha del sábado fue multitudinaria, miles de personas desfilaron por las calles de Andalgalá diciéndole, una vez más, No a Agua Rica, un proyecto que supera tres veces el que se instaló en Bajo la Alumbrera que es el primer mega-emprendimiento hidro-químico del país que explota yacimientos mineros desde el año 1997 en el departamento Belén (Catamarca). Este sábado la ciudad fue sitiada por centenares de gendarmes y policías que no impidieron que se produjeran incendios en la oficina de Agua Rica y la sede del Partido Justicialista.

De inmediato, la Asamblea El Algarrobo redactó un comunicado con sus sospechas: “somos un pueblo que viene demostrando hace más de 20 años que no quiere la destrucción de su territorio, que no se vende ante la ilusión de un falso progreso que piensa que puede repartir espejitos de colores mientras echa mano a infiltrados y violencia para promover un modelo inviable e insostenible con la vida de los pueblos”.

Hoy, lunes, frente a la violencia de la represión, fueron varias las organizaciones que expresaron su solidaridad con los ambientalistas y vecinos.

El Equipo de investigación de Ecología Politíca del Sur, conformado por científicos de la Citca, Conicet y Unca, difundió un artículo titulado “¿Vandalismo o estallido social? Sobre la violencia en contextos de autocracia mineral”, en el que afirman: “En estos momentos, lxs catamarqueñxs de todo signo y condición, nos hayamos conmovidxs por los acontecimientos de público conocimiento del pasado sábado 10 de abril en la ciudad de Andalgalá. Más allá de la desinformación y falta de certezas que cubren los hechos, lo cierto es que tras los humos y los vidrios rotos de las instalaciones de la empresa canadiense Yamana Gold en Andalgalá, inmediatamente emerge el montaje de un discurso “republicano” y “democrático” que repudia “la violencia”, llama a la “paz social” y al “respeto de las instituciones”, estigmatizando y condenando, en el mismo acto, a los así llamados “antimineros” como responsables; como “fanáticos ecoterroristas” que están detrás de los “ataques” a la propiedad privada de una empresa.”

La Asamblea Pucará de Catamarca, dijo: “Una vez más, Andalgalá vive un día negro en su historia. Este lunes por la mañana, la Policía provincial salió a detener masivamente a integrantes de la Asamblea El Algarrobo, luego de involucrarlos en el incendio de las oficinas de la empresa minera Agua Rica que ocurrió el sábado pasado. Nuestros compañeros y compañeras son INOCENTES. Desde hace 11 años se manifiestan pacíficamente. Nunca han cedido a la violencia del estado, a la provocación de la policía y las patotas mineras(…) HOY necesitamos la fuerza de todos los defensores del Agua y el territorio.”

La ONG Bienaventurados los Pobres, de Catamarca, señaló: “El avance de la militarización de los territorios, la represión y criminalización de las organizaciones sociales y la actuación de las fuerzas represivas en defensa de las corporaciones transnacionales fueron y siguen siendo las respuestas que los pueblos en resistencia reciben desde el estado.”

Los asambleístas de Andalgalá responsabilizan al gobernador Raúl Jalil por la persecución iniciada y sostienen que, aunque «quieren que tengamos miedo», se tiene que saber que «el pueblo de Andalgalá está unido y está resistiendo.»

Para este martes 13 de abril se convocan diferentes movilizaciones en la provincia en repudio de las detenciones, la represión y la instalación del proyecto Agua Rica, que es apoyado por la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). 

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