En el marco del III Foro Mundial de Derechos Humanos que se realizó en la Ex ESMA entre el 20 y el 24 de marzo, hubo un espacio dedicado a debatir sobre los conflictos ambientales territoriales organizado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos del que participaron diversas organizaciones. Una propuesta para visibilizar nuevos paradigmas de los DDHH en la actualidad: el derecho al agua, al aire, a la tierra. Allí estuvo La Columna Vertebral-Historias de Trabajadores para hablar con los protagonistas y establecer el hilo conductor entre Derechos Humanos y Ambiente.
El abogado Marcos Filardi, docente de derechos humanos, ambiente y Soberanía Alimentaria y asesor en la Dirección Nacional de Agroecología sostuvo: “El modelo que se impone en nuestro territorio es un modelo abiertamente inconstitucional, porque viola sistemáticamente, estructuralmente nuestros derechos humanos. Viola nuestro derecho humano a la vida, el derecho a la integridad personal, viola nuestro derecho a vivir en un ambiente sano, viola nuestro derecho a la salud. Entonces, tenemos un modelo impuesto en nuestro territorio por estos grandes capilares, cuestionando la calidad de nuestra democracia por este nivel de captura corporativa que tenemos y que al igualarse arrasa con el pleno goce y ejercicio de Derechos Humanos, que es la norma más importante que nos hemos dado como sociedad, que es la Constitución.”
Se trata, ni más ni menos, que del derecho a la vida. Así lo entiende Merardo Ávila, médico, Coordinador de la Red Universitaria de Ambiente y Salud, Secretario General de APDH Córdoba quien brindó cifras escalofriantes: Hoy, en los pueblos agrícolas la gente se muere de cáncer”, denunció y dio cifras que avalan sus dichos: “La primera causa de muerte es el cáncer, en lugares llega al 50%, o sea, la mitad de la gente que se muere en un año se muere de cáncer, cuando en la ciudad de Buenos Aires, solamente el 20% de las personas mueren de cáncer. O sea, cada cinco personas que mueren, uno murió de cáncer. En los pueblos agrícolas que son fumigados, cada dos personas que mueren, uno muere de cáncer. Claramente eso muestra el impacto de la exposición a los agrotóxicos.”
Terminada la conferencia, LCV entrevistó a Luciana Gagliardo, presidente de Conciencia Solidaria -una ONG que lleva 16 años trabajando en defensa del ambiente- para trazar un balance del encuentro.
LCV: ¿Qué balance hace de la conferencia de hoy en la que usted mencionó el caso de Catamarca y la minería de Andalgalá o los casos de cáncer?
“Lo que me llevo de este encuentro, en un espacio tan significativo como la ex ESMA, es justamente una línea de continuidad del trabajo que se hace por los derechos humanos, ahora integrando al ambiente como un derecho humano más, que es inherente, justamente, a este concepto de derechos humanos, del cual hoy estuvimos hablando un largo rato en el encuentro.
LCV- Ustedes consideran que hay una línea histórica que une ambas luchas?
Me llevo justamente que hay una continuidad en términos de conciencia, de entender que la lucha no cesó, que lo que en aquel momento se quiso evitar es lo que está pasando ahora: un modelo neoliberal profundizado, arraigado, un modelo extractivista que vino para quedarse, donde básicamente se esquilman de nuestros espacios, nuestra naturaleza, nuestro planeta, los bienes comunes. Ya no recursos naturales bajo una lógica mercantilista, sino bienes que tienen que ver y que están vinculados a los derechos humanos, el agua, la tierra, los bosques, el aire puro, los alimentos y que sin ellos no podemos seguir caminando como civilización.
LCV- Qué consecuencias tuvo y tiene ese modelo neoliberal y extractivista?
Basta ver lo que está pasando ahora: las olas de calor, el cambio climático. Y no tiene nada que ver con una actitud o una visión conspiranóica, sino más bien con una realidad que nos abraza, que nos atañe a todos y cada uno de los seres humanos que transitamos esta superficie planetaria. Entender cuál es el grado de responsabilidad frente a eso, que no es solamente activar en la lucha, sino, un poco lo que hablamos con los expositores y el público presente, cuáles son los pequeños grandes actos cotidianos que tenemos para responsabilizarnos por eso, porque es una responsabilidad.
LCV- Si se entiende que el acceso a agua limpia, aire puro y una naturaleza armónica son derechos, ¿cómo hacer para que se cumplan?
Son derechos, pero también para conservar y ejecutar y ejercer esos derechos, tenemos que entender cuál es el concepto de nuestras obligaciones o nuestras responsabilidades sobre eso. Entonces me llevo eso, que hay una muy buena red de defensores del ambiente, que estamos reforzando nuestros vínculos y que el gran desafío, sin lugar a dudas, no solamente es aplicar, como dice el acuerdo de Escazú, los mecanismos que nos provee, y en este caso también la justicia, para que eso se lleve adelante, la responsabilidad primera y última del Estado y también cómo esta ciudadanía puede ejecutarlos a través del compromiso serio, certero, llevarlos adelante. Eso me llevo. La unión, y que existen los espacios, que hay que seguir sosteniéndolos y profundizándolos.
LCV: En cuanto al acuerdo de Escazú ¿Cómo ve usted la implementación hoy en día en el país?
-Es un poco lo que se charló en la mesa. Para los que venimos trabajando hace muchos años en lo socioambiental, y en aquel momento no había acuerdo de Escazú, es como hacer todo a pulmón. Ir a las instituciones, golpear las puertas que sean necesarias y que también los funcionarios públicos empiecen a entender que es una corriente, pero una corriente que tiene que ver con las necesidades y la realidad que vino para instalarse; que es justamente este acceso a la información de parte de las poblaciones y de la información pública ambiental, fundamentalmente, que es la protección de los protectores ambientales, que es el acceso efectivo a la justicia, y eso tiene que ver también con que se cumpla lo que un fallo o sea cumplido y respetado.
Y por último también, que la participación de esa ciudadanía sea activa y respetada. En definitiva, que eso que queda, y nos pasa con muchas leyes, porque en Argentina hay muchas leyes que protegen la cuestión ambiental, no estamos desproveídos para nada, todo lo contrario, que esas leyes no sean letra muerta, que se apliquen. Y hoy por hoy, a ver, uno no quisiera ser pesimista, sino ir a lo real, a medida que sostenemos la tarea las organizaciones de generar estos espacios que nos permiten llegar a esa justicia, que nos permiten ese acceso a la información, que nos permiten esa conciencia ciudadana de poder arribar a lo que queda en los convenios, en los acuerdos, en las leyes, digo, hacerlo posible es justamente hacerlo, sin lugar a dudas. No es una situación fácil en base a lo que primero consultaste. No todo se aplica como debería ser aplicado, pero esto es histórico y creo que el desafío está justamente en hacer valer nuestros derechos. Es seguir avanzando en eso. Sabemos que el sistema funciona, no en pos de la vida, sino en detrimento de ella, y a pesar de que es difícil, se habló mucho en la mesa el tema de los miedos impuestos en términos sistémicos, una sistematización de una política de muerte que se instala en los diferentes nichos donde nosotros nos movemos para la vida toda y que se haga cuesta arriba, eso no significa que es imposible. Cada pequeño punto a favor de la vida, en cualquiera de los nichos, en cualquiera de los ámbitos, donde se habló mucho de la cuestión de la justicia, es justamente un peso de la balanza que nos impulsa a seguir caminando. Aunque es difícil, creemos que es posible en algún punto.
El Encuentro se llevó a cabo en la Casa de la Militancia de H.I.J.O.S, en la ex ESMA, el 23 de marzo de 2023. Del mismo, participaron: Luciana Gagliardo (Presidente de Conciencia Solidaria ONG), Marcos Filardi (Abogado, Docente de derechos humanos, ambiente y Soberanía Alimentaria y asesor en la Dirección Nacional de Agroecología), Medardo Ávila (Médico, Coordinador de la Red Universitaria de Ambiente y Salud, Secretario General de APDH CÓRDOBA), Nora Giménez (Abogada de la Asociación Conciencia Solidaria ONG, actual patrocinante de Somos Monte, Chaco), Romina Araguas (Abogada, Magíster en Derecho Ambiental. Miembro integrante de la organización El Paraná no se toca)., Rubiolo José Ignacio (Moderador, integrante Secretaría de Ambiente de APDH), Valeria Baud (Moderador, comunicadora, Secretaría de Ambiente de APDH, trabaja actualmente en Impacto empresa de alimentos de Sistema B)
Megaminería: vecinos de Choya denuncian un “estado de sitio” de la Policía provincial para que avance el proyecto MARA
Los vecinos y vecinas de Choya que resisten hace casi dos meses el avance del proyecto MARA, que abre las puertas a tres megaempresas mineras a que destruyan la montaña, denuncian que a la ola de detenciones sufridas en las últimas semanas se suma un “estado de sitio” por parte de la Policía provincial para facilitar el avance de las compañías.
Desde el inicio, los vecinos de Choya protestan señalando tres leyes que debieran imposibilitar la realización del proyecto: la Ley General del Ambiente, la prohibición de la explotación minera a cielo abierto que rige para la cuenca del Río Andalgalá y la Ley Nacional de Glaciares.
Amparados en dichas normas, los protestantes detuvieron hace semanas varios vehículos que se preparaban para subir a la montaña y comenzar los trabajos de explotación. Por dicha razón, denuncian que desde la Policía provincial se está llevando a cabo un estado de sitio en la comunidad.
El último hecho se dio el martes, cuando el fiscal Martín Camps ordenó la detención de Aldo Flores y Enzo Brizuela, de El Algarrobo, “por desobediencia judicial y supuestas amenazas, ante las falsas denuncias de gente relacionada con la empresa minera”, según afirman desde la asamblea.
“En estos 55 días ya hubo tres hechos de violencia policial y actualmente hay presencia permanente de la policía, intimidando a quienes se manifiestan. Estamos viviendo prácticamente en un estado de sitio, donde están suspendidas las garantías constitucionales, en un estado de guerra permanente entre el poder político, económico, junto a la policía y las patotas de la empresa pro minera, enfrentados con la gente de las asambleas”, narró Sergio Martínez, integrante de la asamblea El Algarrobo, acerca de la represión estatal. “Tenemos dos compañeros detenidos porque acá, todo aquel que se opone a la megaminería es amenazado. Reina un gobierno autoritario, que en determinadas situaciones lo comparamos con una dictadura porque impone el pensamiento único, no escucha a los pueblos y está incrementando la represión”
Rosa Farías, integrante de la asamblea desde 2010, aseguró que la policía “no permite el libre tránsito de vecinos hacia el cerro, y aunque denunciamos a las autoridades políticas y judiciales, nadie se hace cargo. Mientras, los presos y el dolor son nuestros”.
“El pueblo está muy enojado y no hay respuesta de ningún organismo gubernamental para poner un freno a la situación: más de 100 personas judicializadas, detenciones, torturas. El Estado de derecho dejó de funcionar”, puntualizó Sergio.
Este sábado, como todos los sábados hace 12 años, el pueblo de Andalgalá realizará una nueva caminata contra la mina y por “nuestra vida, nuestra tierra, nuestra agua, nuestros bienes comunes”. Será la número 643. Lamentablemente, a medida que aumenta el número de protestantes, también aumenta el número de detenidos.
Santiago Machado: “El Gobierno de Catamarca es empleado de las mineras”
Santiago Machado, integrante de la agrupación Bienaventurados los Pobres, de Catamarca, se refirió a la represión sufrida por habitantes de Choya que se manifestaban en contra de la megaminería, aseguró que el proyecto de minería MARA – Agua Rica quiere comenzar a trabajar a pesar de no tenerla habilitación y criticó la inacción de los políticos provinciales y nacionales.
Una protesta antiminera llevada a cabo por ambientalistas que cortaron la ruta de acceso a la minera Agua Rica terminó con varios manifestantes heridos y una detenida, razón por la cual distintas asambleas realizaron una multitudinaria marcha en el centro de Andalgalá. Según las distintas versiones, la policía disparó con balas de goma, en tanto que los manifestantes se defendieron con palos y piedras.
“Esta empresa no está autorizada para la explotación minera, está en infracción. Lo que hicieron fue un corte selectivo en un camino de alta montaña, estamos hablando de arriba de 4500 metros de altura, pidiendo la presencia del gobernador por los daños que están haciendo en el proceso de explotación”, explicó Machado. “En el Gobierno son más empleados de la minera que funcionales a su pueblo, entonces mandaron fuerzas de seguridad de tipo especiales. Bajó la policía, los reprimió, hubo una detenida, varios heridos de bala de goma y más procesados. Ya hay alrededor de 30 o 40 procesados penalmente en donde el Estado está en defensa de la empresa denunciada contra las personas del pueblo de Andalgalá”, indicó.
La Asamblea El Algarrobo volvió a pedir en un comunicado la presencia del gobernador Raúl Jalil para transmitirle la disconformidad de la población con respecto al proyecto de MARA en la región. “Los puestos de trabajo no son ciertos. Eso es en un momento donde se empieza a hacer la exploración y explotación y se trabaja con infraestructura. Después los otros trabajos son muchos menos”, explicó Machado. “Aparte poner en la balanza el daño al ambiente, a las personas, a la localidad, que ellos reconocen que el daño es perpetuo, con puestos de trabajo es irrisorio. Es una burla que el Estado pretenda que la gente ponga en la balanza qué vale más: hoy 3 mil puestos de trabajo o los daños a la perpetuidad que van a generar en el medio ambiente por un proyecto minero en donde ni siquiera nos preguntaron a las comunidades que somos parte del territorio qué es lo queremos para el territorio. Porque esta es la cuestión de fondo: la autonomía de los pueblos”, concluyó.
Evalúan permanencia de un herbicida en el suelo de una arrocera
En el Día Internacional de la Tierra, la Universidad Nacional del Noreste dió a conocer las conclusiones de un estudio llevado a cabo por científicos del Conicet y de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la UNNE sobre el impacto de herbicidas en el suelo concluyó que en el caso del plaguicida investigado, el Ácido 2-metil-4-clorofenoxiacético (MCPA), ‘sus moléculas pueden ser adsorbidas o retenidas por coloides presentes en el suelo, arcilla y materia orgánica”.
De acuerdo a la información difundida por la Universidad Nacional del Noreste, los “compuestos de la industria química junto a una larga lista de productos farmacéuticos, se consolidan cada vez más como agentes contaminantes del medio ambiente”. Un sector de la comunidad científica tomó a su cargo el seguimiento sobre el destino ambiental de estos productos, centrándoseen los procesos de tratamiento de las aguas residuales, en los ambientes acuáticos, y en los lodos de depuración, sin embargo, poco se sabía acerca de su comportamiento en los suelos agrícolas.
Un equipo de investigadores del Laboratorio de Investigaciones en Tecnología Ambiental (IQUIBA-CONICET) de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la UNNE, encabezado por la doctora Nelly Jorge, enfoca su estudio en la “movilidad de contaminantes emergentes en suelos agrícolas de Corrientes”.
El último trabajo publicado por el equipo de la doctora Nelly Jorge es el referido al seguimiento de un herbicida ampliamente utilizado en cultivos de arroz en diferentes zonas de la provincia. Los resultados de la investigación publicada en la Chimestry Research Journal dan cuenta que el MCPA se adsorbe fuertemente al suelo.
La adsorción del MCPA significa que el suelo retiene gran parte del herbicida y allí se degrada por acción de la actividad microbiana. Los resultados mostraron además que la sorción del herbicida por el suelo, sugiere la no contaminación de las aguas subterráneas. Según el estudio, la permanencia del plaguicida en el suelo puede ser de 2 meses. Para llegar a estas conclusiones, se realizaron estudios de cinética de adsorción del MCPA en un suelo de cultivo de arroz en función del tiempo y de la temperatura. Los resultados de esos estudios brindan un valor que se denomina tasa de absorción del herbicida en el suelo, que tiene la misma forma que cualquier proceso químico y que posibilita conocer los efectos del transporte (del herbicida) y su persistencia en la zona del cultivo.
Los suelos utilizados en el estudio provienen del sitio cercano al área de siembra de arroz de Mercedes y es del tipo Argiacuol (arcilloso fino). Las muestras fueron tomadas en el invierno de 2016 a diferentes profundidades para diferenciar las zonas afectadas por el trabajo del suelo.
Con los resultados de la investigación en la mano, la doctora Jorge deja abierto el camino para indagar sobre el efecto del uso de otros contaminantes, ya sean herbicidas o fármacos. “La pregunta inmediata es, conocer qué riesgos estamos enfrentando al utilizar aguas procesadas que aún mantienen cierto porcentaje de contaminación y qué papel juegan la agricultura y ganadería como fuentes de contaminación difusa de pesticidas y antibióticos, respectivamente”.
